La entrada en vigor del capítulo penal de la ley puso en funcionamiento 436 juzgados, 22 de ellos exclusivos para la materia y de nueva creación, con el objetivo de mejorar la protección de la justicia a las maltratadas y a sus hijos.

Desde entonces, las amenazas leves de un hombre a una mujer, su pareja o ex pareja, hasta entonces tipificadas como faltas y castigadas con arresto de fin de semana, se sancionan como delito, con penas de prisión de seis meses a un año, o con trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días. Estos progresos en el ámbito judicial no han puesto freno a una estadística demoledora y, desde el 29 de junio de 2005, 140 mujeres han muerto a manos de sus parejas o ex parejas.

Entre el 2000 y el 2006, el Instituto de la Mujer contabilizó 438 muertes, que junto a las 39 de este año, suman un total de 477 mujeres muertas por malos tratos.De las 438 mujeres asesinadas entre 2000 y 2006, 197 murieron a manos de su cónyuge; 107 de su compañero; 44 de su novio; 37 de su ex compañero; 29 de su ex novio, y 24 de su ex marido. Además, en lo que va de año, se han producido cinco muertes más que están siendo investigadas por el Instituto de la Mujer.

En su primer año de vida, los juzgados dedicados a la violencia de género recibieron casi 147.000 denuncias, mientras que en 2004 tan sólo sumaron 99.000 y en 2003, bajaron de nuevo a 76.000, pero lo curioso es que  el 70 por ciento de las mujeres asesinadas este año no habían denunciado a su agresor.

En diciembre de 2006, el Gobierno aprobó un conjunto de medidas urgentes para acelerar y hacer más efectivas las disposiciones de la ley y un Plan de Sensibilización y Prevención, con un presupuesto de 48 millones de euros. Entre las medidas, figuraba un programa específico de seguimiento permanente de los agresores a través de dispositivos electrónicos y la incorporación de 222 nuevos agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para luchar contra esta lacra social.

En 2007, el Gobierno creó 42 juzgados más para la violencia machista y activó un teléfono gratuito con atención las 24 horas. Además se creó una base de datos común para todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y se puso en funcionamiento las unidades provinciales de lucha contra la violencia de género para hacer un seguimiento exhaustivo de los casos de maltrato y para detectar los fallos del sistema.

Sin embargo, un informe  de Amnistía Internacional  Tratos ha denunciado recientemente que, dos años después de la aprobación de la ley, las víctimas siguen sin tener una protección adecuada. El informe pone de manifiesto que, pese a todas las medidas en vigor, la respuesta institucional es 'insuficiente' y los derechos de estas mujeres son 'papel mojado'. Según Amnistía Internacional, la actuación institucional es 'muy desigual entre autonomías, faltan medios y de recursos en todos los ámbitos, los profesionales dedicados a la atención a estas mujeres (sanitaria, policial y judicial) no tienen la formación adecuada, y los colectivos más vulnerables (drogodependientes o inmigrantes) no reciben la misma ayuda que otras víctimas. Se pone de manifiesto además, que aunque la Ley es un instrumento 'muy positivo', en la práctica está fracasando porque se sigue acusando a las mujeres de no denunciar o no ratificar las denuncias. Las asociaciones de mujeres reclaman desde hace tiempo que se persiga de oficio el delito de maltrato, aunque la víctima retire la denuncia, y que se aumente la protección a estas mujeres, y demandan campañas de sensibilización dirigidas a los maltratadores y, sobre todo, un presupuesto suficiente para luchar de manera integral contra esta lacra.